El Tribunal Constitucional considera nulo fijar alimentos en un 10% sin motivar la decisión

El Tribunal Constitucional considera nulo fijar alimentos en un 10% sin motivar la decisión

En este post vamos a comentar una reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en la que se declara la nulidad de la fijación de pensiones de alimentos en un 10% de los ingresos del padre de forma genérica sin motivar por qué este porcentaje se satisface el interés superior del hijo.

Este tipo de decisión suele adoptarse cuando se desconocen los ingresos del padre, pero, para el alto tribunal, no es posible determinar si este porcentaje es suficiente o no para cubrir las necesidades del menor.

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Nulidad de la pensión de alimentos si la decisión no está motivada

La sentencia del Tribunal Constitucional resuelve así el recurso planteado por una madre contra la sentencias dictadas en primera y segunda instancia, en las que se fijó una pensión de alimentos a favor de su hijo menor de edad en un 10% de los ingresos mensuales de su padre, sin que se especificara ni justificara por qué se establecía dicho porcentaje.

En concreto, el recurso de amparo interpuesto por la representación legal de la mujer habla de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva respecto a la determinación del importe de la pensión de alimentos establecida a cargo del padre, por falta de motivación reforzada de dicha medida con arreglo al principio del interés superior del menor.

Como respuesta, el Tribunal Constitucional, en una sentencia dictada el pasado 15 de enero, estima el recurso y determina que el sistema establecido al imponer los alimentos a cargo del padre no resulta respetuoso con el interés superior del menor, ni exterioriza una ponderación adecuada de los bienes constitucionalmente protegibles en juego.

Esto es así porque las sentencias recurridas no motivan por qué de imponer como cuantía de los alimentos un porcentaje del 10% de los ingresos del padre satisface el interés superior del hijo menor, sin que conste argumento alguno que justifique que dicho criterio es lo más beneficioso para el niño.

Además, el establecimiento como única referencia de cálculo de la pensión de alimentos de un 10% de los ingresos mensuales del alimentante no puede servir al interés superior del menor porque, al ignorarse cuáles son los ingresos que percibe dicho progenitor, no es posible deducir que dicho sistema cumple con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 146 del Código Civil.

Hay que tener en cuenta que las decisiones judiciales recurridas se basan en el desconocimiento de la cuantía efectiva de los ingresos del padre. Sin embargo, es imposible saber, en ausencia de datos sobre los ingresos del padre, si ese porcentaje del 10% podía ser económicamente insuficiente en este caso para proveer a las necesidades del menor (en cuanto a los diversos conceptos que integran la prestación de alimentos), o si, a la inversa, podría resultar una cantidad desproporcionadamente alta para ese mismo fin.

En definitiva, para el Tribunal, la referencia al 10% resulta “meramente artificiosa y contraria al principio de seguridad jurídica”.

Estos son los argumentos del Tribunal Constitucional:

  • “No se alcanza a comprender en el presente caso cómo el establecimiento como única referencia de cálculo de la pensión de alimentos, de un 10 % de los ingresos mensuales del demandado, puede servir al interés superior del menor aquí afectado”.
  • “Dado que la sentencia declara (…) que se acreditan los ingresos de la esposa y se ignoran los del padre, no es posible saber de ningún modo cuál es la traducción en dinero de ese 10 %. Como consecuencia, no es posible decir que se cumple con el principio de proporcionalidad (artículo 146 CC) imperante en este ámbito, el cual ha de medirse respecto al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe».
  • “La sentencia nada dice sobre el primer elemento, los medios del padre; pero es que tampoco pondera las del segundo (las necesidades del menor). Se ignoran cuáles habrían sido las gestiones efectivamente realizadas por el juzgado para averiguar tanto una fuente de ingresos del demandado, como su situación patrimonial, pues la sentencia omite decirlo.”
  • “Como nada se sabe sobre su cuantía efectiva, no es posible determinar si ese porcentaje del 10 % podía ser económicamente insuficiente en este caso para proveer a las necesidades del menor (en cuanto a los diversos conceptos que integran la prestación de alimentos). O si a la inversa, podría resultar una cantidad desproporcionadamente alta para ese mismo fin prestacional.”
  • “De hecho, ni siquiera es posible saber con arreglo a qué parámetro económico, estadístico o de cualquier otro orden objetivo, el juzgado ha decidido fijar el 10 % (más allá de que sea lo indicado en la STS de 22 de julio de 2015), y no el 5 % o el 30 %, por poner dos cifras al azar.”
  • “Lógicamente, si se dispusiera de la acreditación en las actuaciones de cuáles son esos ingresos y del carácter regular de su percepción por el demandado, la eventual sujeción a ese porcentaje podría ser respetuoso con el interés superior del menor. Al no ser esto posible con arreglo a la sentencia, que se limita a decir que desconoce la capacidad económica del demandado, sin explicitar siquiera, repetimos, las gestiones que debía efectuar para su averiguación, la referencia al 10 % deviene meramente artificiosa. Y contraria también al principio de seguridad jurídica, el cual resulta aplicable en materia de derecho de alimentos con arreglo a nuestra doctrina.”
  • “Que el sistema seleccionado por el juzgado a quo ha devenido además ineficaz al efecto supuestamente pretendido de asegurar el derecho de alimentos del hijo menor de la recurrente, lo evidencia el oficio remitido por la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Getafe, fechado el 23 de octubre del pasado año, en el que a requerimiento de este Tribunal Constitucional hace constar que, manteniendo el órgano judicial en estos años el criterio fijado en la sentencia del 23 de noviembre de 2015, «sobre el estado actual de la deuda por alimentos del demandado, no consta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, ningún mandamiento de pago». Es decir, nada tras siete años y once meses después.”
  • “El desconocimiento de la capacidad económica del demandado, debida a su propia conducta elusiva de sus deberes paternofiliales, no puede erigirse en obstáculo para que la sentencia del Juzgado, o en su revisión la de la Audiencia Provincial, hubiera fijado una cantidad líquida suficiente para la satisfacción de las necesidades del hijo menor.”

Este último punto nos da pistas acerca de qué reclamar en caso de desconocer el patrimonio e ingresos del padre: exigir una cantidad concreta, argumentando el por qué de dicha cuantía teniendo en cuenta los gastos del menor y poniendo en valor todos los parámetros objetivos que sí se conocen, pueden ayudarnos a fijar una pensión de alimentos lo más justa posible teniendo en cuenta la concreta circunstancia de no conocer los ingresos del padre.

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