Parece que el nuevo año traerá novedades en materia de Derecho de Familia, en forma de una nueva norma anunciada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Su Ley de Familias, que aún debe detallarse y que, por tanto, podría sufrir modificaciones durante el tiempo en que se tramite, incluirá, entre otras cosas, un permiso de cuidado de al menos 7 días al año cien por cien remunerado, tanto para atender a los hijos como a los padres u otros convivientes.
Te contamos los detalles conocidos de esta futura Ley, y nos ponemos a tu disposición para resolver cualquier duda en materia de Derecho de Familia.
Claves de la futura Ley de Familia
Aún falta tiempo para conocer los detalles concretos de la futura Ley de Familias, pero contamos con los datos avanzados por la ministra en el marco de la jornada ‘Una ley para proteger a todas las familias’, en Caixa Fórum, donde se presentó un Libro Blanco para un nuevo marco nacional sobre apoyo y protección familiar.
En palabra de Belarra, la pandemia nos ha enseñado “lo importante que es cuidarnos y tener tiempo para cuidar a los demás, y son lecciones que han venido para quedarse”. De ahí este intento por homologarnos con otros países de la Unión Europea y establecer un permiso de cuidado de al menos 7 días al año por persona, que esté cien por cien remunerado.
En concreto, tal y como explican los medios, Belarra busca que este permiso permita “quedarse en casa cuidando a los hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o con fiebre”, o poder “pedir el día para llevar al médico a tus padres o que puedas estar con tu pareja si está enferma”.
“En definitiva, un permiso que dé tranquilidad a las familias cuando necesiten estar cerca de los suyos”. Este permiso llegará hasta los 9 días al año para atender a un familiar o conviviente en caso de que implique un desplazamiento a otra comunidad autónoma.
La mejora es sustancial teniendo en cuenta que la legislación española contempla actualmente un permiso por cuidado retribuido de hasta dos jornadas, lejos de lo planteado desde la Unión Europea, que recomienda un permiso de este tipo de 5 días al año en la Directiva 2019/1158. Además, también es importante el hecho de que estos permisos puedan disfrutarse para cuidar de cualquier conviviente, además de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad, como abuelos o nietos.
Por otro lado, la Ley eliminará la exigencia actual de que se trate de una enfermedad grave para poder hacer uso de este permiso retribuido, de tal forma que podría aplicarse en los casos de Covid.
Es probable que en los próximos días se avancen nuevos detalles sobre esta norma, cuyo espíritu celebramos. Y es que, si algo nos han enseñado los últimos años, es la necesidad de potenciar las redes de apoyo familiar y social para cuidar los unos de los otros. Buscar una mayor compatibilidad entre lo laboral y lo personal es básico para construir una sociedad más sana, que vuelva a poner a las personas y a sus cuidados en el centro de la ecuación.
En esta línea, el Gobierno hace referencia al problema de agotamiento que existe en nuestro país y que afecta a padres y a madres, especialmente a las segundas, por ser quienes tradicionalmente cargan en mayor medida con la responsabilidad familiar, sumada a la laboral.
El equilibrio entre la necesidad de trabajar para poder cuidar de los nuestros y la necesidad de pasar tiempo de calidad con ellos es muchas veces complicado.
De hecho, el Ejecutivo habla del “derecho al cuidado”, un concepto que nos parece interesante y que enfatiza la necesidad de garantizar el bienestar de las familias también desde las políticas públicas. Apostar por este tipo de reformas legislativas no solo beneficia a las personas, sino también a lo público, ya que los cuidados entre personas cercanas repercuten positivamente en la salud de todos, tanto física como mental. Dolencias como el estrés, el insomnio, la depresión… tienen mucho que ver con la falta de cuidados y de tiempo de calidad.
Lo mismo se aplica a las crisis familiares, donde el ritmo de vida acelerado tiene mucho que ver con los conflictos. Es una realidad que constatamos desde nuestro despacho de abogados, y muchas veces los menores son los más perjudicados por estas circunstancias.
Eso sí, para que esta ley llegue a buen puerto, será necesario el diálogo parlamentario. De momento, desde la Comisión Europea se espera que esta norma prospere con el consenso de todos y que esté dotada de los medios adecuados para que funcione. Basta atender a un dato para darnos cuenta de la importancia de este tipo de políticas: España invierte en torno al 1,2 por ciento del PIB en prestaciones directas de apoyo a las familias, por debajo del 2,3 por ciento de media de la UE.
Otro dato alarmante es el referente a la natalidad en España. Vivimos un ‘invierno demográfico’ que tiene mucho que ver con lo difícil que resulta ser padres y madres en este momento, por múltiples motivos.
En este sentido, el Libro Blanco presentado incluye más de 40 recomendaciones en torno a cuatro cuestiones: la diversidad creciente de los modelos familiares en España; que cada núcleo familiar tenga acceso a prestaciones y servicios en función de sus necesidades; mejorar la conciliación, y promover la cultura de la evaluación.
En esta línea, el Ejecutivo ha apuntado que “no tiene sentido” que existan diferencias en derechos entre los niños cuyos padres están casados y niños que nacen fuera de las uniones matrimoniales, que cada vez son más “Debe prevalecer el derecho superior del menor nazcan en la familia que nazcan”. Con estas palabras se intuye el espíritu de otras de las reformas que podría contener la futura Ley de Familias.
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